Juicio político a la Corte Suprema
En el comienzo del 2023 el presidente Alberto Fernández anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que impulsaría el juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El objetivo de ello, según explicó el mandatario, era “para que se investigue su desempeño“.
Sin embargo, el juicio político es un procedimiento que debe llevar adelante el Congreso, y el oficialismo (Frente de Todos) no cuenta con los votos suficientes para la puesta en marcha del mecanismo de enjuiciamiento.
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¿Qué es y cómo es el procedimiento del juicio político?
El juicio político es un mecanismo institucional mediante el cual se puede juzgar por mal desempeño (y destituir) al presidente de la Nación, al vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros del Gabinete Nacional o a los jueces de la Corte. Es decir, es un proceso de destitución de las máximas autoridades y está a cargo del Congreso de la Nación.
Su único objeto, según el artículo 60 de la Constitución Nacional, es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.
La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo de la Ley Fundamental, queda a cargo de los tribunales ordinarios.
A su vez, los motivos por los cuales se puede someter a juicio político a los funcionarios son el mal desempeño y la comisión de delitos.
En cuanto a la formalización de la acusación, la Cámara de Diputados es quien debe hacerlo, y necesita para ello dos tercios de los votos de sus miembros presentes. Una vez hecha la acusación en dicha Cámara, pasa al Senado que decide la destitución o no del acusado (también con dos tercios de los miembros presentes).
