La denuncia es por el envío de “material represivo” a Bolivia en 2019 cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Denuncia a Macri y ex funcionarios por envío de material bélico a Bolivia
Este lunes, el Gobierno Nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
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Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.
“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.
La denuncia de Bolivia
Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.
La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.
Fuente: Télam.
