Tras las múltiples críticas, el Gobierno dio marcha atrás con la compensación por la devaluación a cargo de los usuarios. Para que no vuelva a suceder, impulsa cambios que deberán pasar por el Congreso y podrían abrir la puerta a jucios millonarios

El Gobierno dio marcha atrás y frenó este miércoles el cobro retroactivo de la compensación por la devaluación a cargo de los usuarios residenciales y comercios en las boletas de gas y propondrá cambiar el marco regulatorio que rige desde 1992 (cuando se privatizó Gas del Estado) para que, ante un nuevo descalce del dólar y el peso no sean los hogares quienes tengan que pagar la deuda que acumulan las distribuidoras con las petroleras por la adquisición del gas.

Después de resolver que el Estado nacional se hará cargo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) -que totalizarían unos $ 20.000 millones, según fuentes oficiales- y que no se las trasladarán directamente a los usuarios para evitar que se acrecienten los costos políticos de la Resolución 20, el secretario de Energía, Javier Iguacel, comentó anoche a periodistas acreditados en la Casa Rosada que el Gobierno buscará cambiar la Ley 24.076, sancionada en mayo de 1992 y promulgada al mes siguiente.

Sin embargo, para lograr eso la propuesta debería lograr aval del Congreso, en un momento en que la oposición se abroqueló para evitar una suba tarifaria extra a la que ya rige desde este mes y mientras cruje la interna en Cambiemos. En una distribuidora comentaron a El Cronista que ven “difícil” una modificación regulatoria de ese tipo, ya que eso también implicará cambios en los contratos y abrirá la puerta a juicios millonarios por parte de los accionistas privados de productoras y distribuidoras de gas.

En concreto, se necesitaría modificar el inciso C del artículo 38 de la Ley 24.076, el inciso 5 del artículo 37 del Decreto 1738 de septiembre de 1992, y el punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de Gas. Esos artículos son los que permitían el cobro extra al final de cada semestre a los usuarios ante diferencias significativas en el tipo de cambio pactado para los contratos de adquisición y el tipo de cambio real.

Nada de lo que se habló este miércoles tiene el carácter oficial, hasta que el Gobierno enmiende con alguna resolución a publicarse en el Boletín Oficial durante los próximos días los efectos de la Resolución 20 de la Secretaría de Energía, que encendió la polémica el viernes pasado.

Fuente: El Cronista.