Fentanilo contaminado: continúa la investigación
El Gobierno de Santa Fe confirmó 30 muertes de personas en la provincia vinculadas al fentanilo contaminado. En tanto, 10 corresponden a la ciudad de Santa Fe.
En el marco de la investigación, la directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, informó en Sol Play que los casos fueron reportados entre noviembre y mayo, período en el que circuló el lote afectado del laboratorio HLB.
Sobre la investigación del escándalo generado por la contaminación de fentanilo, Fontana indicó que “el periodo de tiempo que se están investigando son los pacientes que estuvieron internados y que recibieron este fentanilo entre noviembre de 2024 y a principios de mayo de 2025” y justificó: “Porque es la fecha de liberación del producto del laboratorio. Antes no existían estos lotes distribuidos”.
“Queremos llevar esa tranquilidad a la población de que ya desde el 8 de mayo no está más en el mercado, ni tampoco está en el mercado productos de HLB”, agregó.
“Ahora esto lo tomó la justicia, la decisión del gobernador fue presentarnos como querellante. Siempre desde el Ministerio de Salud se acompañó, se tomó la posición de reunir toda la información porque es una medida sanitaria y ahora está en manos del juez, o sea, las responsabilidades las dimitirá la justicia”, cerró.
Diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional
El Congreso avanzó con un pedido de informes unánime sobre el escándalo generado por la contaminación de fentanilo en la Argentina, que hasta el momento provocó al menos 97 muertes.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública, convocada de urgencia, unificó todos los proyectos presentados y firmó un texto con 26 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, especialmente a la Anmat, para esclarecer responsabilidades y verificar la composición accionaria de los laboratorios involucrados.
Entre los legisladores que impulsaron la iniciativa se destacaron los diputados santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, quienes participaron activamente de la reunión que comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 10.30.
Mónica Fein, exintendenta de Rosario, remarcó la necesidad de revisar los antecedentes del laboratorio involucrado y la trazabilidad de los lotes contaminados. “Le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia han sido los correctos”, señaló. Además, destacó la importancia de los laboratorios públicos de la provincia, cuestionando las críticas a su trabajo y asegurando que “certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”.
Por su parte, Paulón puso el foco en la magnitud de la tragedia: “97 muertos nos dan la dimensión del caso. Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el gobierno responda (el pedido de informes), porque son bastante perezosos en hacerlo y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”. Reivindicó el rol de la ANMAT y subrayó que el Congreso debe “defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien”.
La diputada santafesina se sumó al consenso del bloque al señalar que el pedido de informes permitirá analizar si hubo fallas en los mecanismos de control y verificar cómo avanza la investigación judicial. “Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control y asegurar que la participación del Estado sea efectiva, no limitada”, sostuvo Fein.
El dictamen aprobado incluye preguntas que buscan determinar cómo los lotes contaminados llegaron al mercado y esclarecer responsabilidades políticas y técnicas. Según Giudici, diputada del Pro autora de uno de los proyectos unificados, “más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso”.
El pedido de informes también apunta a examinar la actuación de HLB Pharma, laboratorio implicado en la distribución del fentanilo mortal, y a conocer la relación de sus propietarios y testaferros con causas paralelas por narcotráfico, aunque estos procesos se tramitan por separado.
El dictamen será enviado directamente a la presidencia del Congreso para que se remita al organismo correspondiente y se obtenga una respuesta rápida a la demanda de información.
