Un fallo condenatorio podría costarle al país hasta 3.000 millones de pesos. El máximo tribunal estadounidense no tomó el caso, por lo que deja válidas las resoluciones de los jueces de primera y segunda instancia.
Finalmente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por una cuestión de jurisprudencia en el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF, realizada en 2012. Y, como se esperaba fue un fallo adverso para la Argentina. Un fallo condenatorio podría costarle al país hasta 3.000 millones de pesos.
El máximo tribunal de ese país no hizo lugar al “certiorari” interpuesto por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la empresa como de Cambiemos, encabezados por el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos con el sector judicial del Gobierno.
Ahora la causa comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses locales hace tres años.
Los abogados argentinos alegaron derechos soberanos y querían traer el juicio al país. Dicen que el Estado expropió porque es una de sus facultades y que, además, fue un tema que aprobó el Congreso.
Por otra parte, el estudio Burford Capital, al que muchos equiparan por su estilo con un “fondo buitre” y que representa a dos accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización, argumenta que como YPF cotiza en Wall Street corresponde reclamar en ese país.
Fuente: Infobae/SOL 91.5
