Sesión en el Senado de la Nación
El Senado de la Nación se prepara para la sesión “autoconvocada” por la oposición, que tendrá lugar este jueves 10 de julio a las 14, con el objetivo de sancionar leyes que el Gobierno ya anunció que vetará en caso de ser aprobadas. La convocatoria no fue formalizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero se avanzará con el debate si se alcanza el quórum.
La agenda que buscan impulsar las bancadas opositoras incluye la recomposición de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la automatización del giro de aportes a las provincias. Este último punto logró reunir el respaldo de los sectores “dialoguistas”, que usualmente apoyan las iniciativas del Gobierno en el Congreso, en medio de un escenario de tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.
Los proyectos sensibles que rechaza la Casa Rosada
El foco de la agenda opositora en el Senado es sancionar el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad, que ya fueron aprobadas en junio por la Cámara de Diputados.
La ley jubilatoria, apoyada por algunos sectores opositores, implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, y una suba del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se actualizaría por inflación.
También fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permite que personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, más allá del final del actual Gobierno, y reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y prevé compensaciones económicas.
La iniciativa respaldada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, y que logró el apoyo de sectores dialoguistas, busca incorporar a la ley permanente de Presupuesto un artículo que establece que “los recursos que correspondan distribuir al régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se transfieran “en forma diaria y automática”.
El segundo proyecto, aún sin dictamen, elimina fideicomisos y reemplaza parte del articulado del impuesto a los combustibles para redistribuir su recaudación: 14,29% al Tesoro Nacional, 57,02% a las provincias y 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, destinado a cubrir obligaciones previsionales nacionales.
