El Ministerio Público de la Defensa presentó su informe anual y pidió por más recursos para
La Defensora General de la provincia de Santa Fe, Estrella Jorgelina Moreno Robinson, presentó el informe de gestión 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD) ante la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 90 inciso 24 de la Constitución Provincial y el artículo 21 inciso 11 de la Ley Provincial N.º 13.014.
Durante su exposición, la titular del organismo agradeció el espacio de escucha brindado por los legisladores y destacó el diálogo mantenido con los convencionales constituyentes. En ese sentido, señaló que la nueva ubicación institucional del MPD, fuera de la órbita del Poder Judicial, representa “un reconocimiento a más de una década de trabajo” desde la implementación del sistema acusatorio en 2014.
Uno de los principales ejes de la presentación fue el fortalecimiento institucional del organismo frente al incremento sostenido de la demanda y a las nuevas competencias asumidas en los últimos años. Moreno Robinson destacó especialmente la tarea desarrollada por las defensoras y defensores públicos de las cinco circunscripciones judiciales y remarcó como uno de los logros más relevantes de la gestión la incorporación de 19 Defensores Públicos Adjuntos Subrogantes hacia finales de 2025.
Según explicó, esta medida permitió ampliar la capacidad de respuesta de la Defensa Pública en todo el territorio provincial. Sin embargo, advirtió que aún existen limitaciones estructurales que afectan el funcionamiento del organismo. “La insuficiencia de recursos impacta directamente sobre el acceso a la justicia de miles de santafesinos”, sostuvo al insistir en la necesidad de cubrir vacantes en las cinco circunscripciones judiciales.
Nuevas competencias y desafíos
El informe también abordó las acciones impulsadas para afrontar la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal Juvenil, que asignó al MPD la responsabilidad de garantizar una defensa especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Asimismo, se detallaron las medidas adoptadas para responder a las nuevas funciones derivadas de la desfederalización parcial de los delitos de microtráfico de estupefacientes y de la puesta en marcha del sistema de juicio por jurados. De acuerdo con lo expuesto, ambos procesos requirieron una política sostenida de capacitación y especialización de los integrantes del organismo.
Derechos humanos y condiciones de detención
Otro de los puntos centrales del informe estuvo vinculado con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En ese marco, se destacó la continuidad de las inspecciones periódicas en lugares de encierro, las acciones judiciales promovidas para mejorar las condiciones de detención y el trabajo realizado por las áreas especializadas en prevención de la violencia institucional y acompañamiento de personas condenadas.
Obras, tecnología y reclamos pendientes
Durante la presentación también se informaron avances en materia de infraestructura y modernización institucional. Entre ellos, la inauguración de la nueva sede propia en Coronda, la adquisición de un inmueble para la futura sede de Vera y el desarrollo de un nuevo sistema informático integral para optimizar la gestión del organismo.
Además, se resaltó la consolidación de espacios de participación, capacitación y cooperación con universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
En el tramo final de su exposición, Moreno Robinson reiteró el reclamo por la efectiva asignación de los espacios destinados al MPD en el nuevo edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según expresó, se trata de una condición necesaria para mejorar la atención de las personas asistidas por el organismo.
Por último, la Defensora General planteó los desafíos de la nueva etapa institucional, entre ellos la sanción de una nueva Ley Orgánica acorde al reconocimiento constitucional alcanzado por el Ministerio Público de la Defensa y la consolidación de una defensa pública integral que garantice una mayor cobertura y acceso a la justicia en toda la provincia.
