Provincia frenó un desmonte ilegal
La provincia detuvo un proceso de desmonte en el norte santafesino y aplicó sanciones a una firma algodonera. En el departamento 9 de Julio, el monitoreo satelital reveló la tala de casi 50 hectáreas de bosque nativo considerado de conservación prioritaria, además del inicio de construcciones industriales que no contaban con autorización ambiental.
Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe clausuró el predio, paralizó las actividades y presentó la denuncia correspondiente en la Justicia. El área afectada se encuentra dentro de la llamada Zona Roja de la Ley de Bosques, categoría que impide cualquier modificación en el uso del suelo por su alto valor de conservación.
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El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático intervino tras recibir una alerta del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación. A partir de esa notificación, se inició un proceso de verificación que permitió identificar a la empresa Algoservicio S.A., dedicada a la actividad algodonera, como titular de las tierras. La compañía admitió haber realizado desmontes sobre 47,5 hectáreas y avanzar en la instalación de una planta sin las autorizaciones ambientales correspondientes. Con esas pruebas, la provincia resolvió judicializar el caso.
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La denuncia impulsada por el Ministerio llevó a la Procuración General de la Corte Suprema santafesina a promover una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En el marco de esta causa, el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado dictó una medida cautelar que prohíbe cualquier intervención en el bosque nativo del distrito de Logroño, ordena retirar maquinarias y materiales de construcción y obliga a la firma a abstenerse de realizar trabajos futuros en el lugar.
Ley de Bosques
La sanción fue producto de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Biodiversidad, que actuó bajo lo establecido por la normativa provincial, y la Secretaría de Ambiente, que comprobó la construcción sin el Estudio de Impacto Ambiental, requisito fundamental para evaluar riesgos y garantizar un desarrollo sostenible.
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El caso subraya la relevancia de la Ley Nacional de Bosques (N.º 26.331), que protege los ecosistemas más valiosos del país y ordena el territorio según niveles de conservación. La preservación del bosque nativo, además de ser una obligación legal y ética, constituye una estrategia de producción a largo plazo. Conservar la cobertura vegetal implica resguardar los suelos contra la erosión, mantener la fertilidad agrícola, proteger las fuentes de agua y mitigar los impactos del cambio climático.
