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Disturbios en el Congreso: el fiscal pidió que se dicte prisión preventiva para los implicados

Los detenidos por los disturbios durante la votación de la Ley Bases en el Senado serán trasladados a Comodoro Py, donde se solicitarán prisiones preventivas para ellos. Se están revisando las filmaciones para identificar a más personas sospechosas.

Pidieron la prisión preventiva para los causantes de los disturbios al momento del debate de la Ley Bases

La investigación sobre los disturbios durante el debate de la Ley Bases en el Senado, ocurridos en las afueras del Congreso, comenzó a avanzar. Los 33 detenidos están ahora bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, quien los interrogará en las próximas horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusa de graves delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, y ha solicitado prisiones preventivas para ellos.

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Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, había anunciado en un comunicado su decisión de presentarse como parte querellante en el caso.

La causa involucra a más de 30 detenidos. Veinte personas quedaron a disposición de la justicia porteña ayer miércoles, mientras que otra decena fue detenida por la justicia federal. Además, hubo un par de arrestados por robos bajo la jurisdicción de la justicia de instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros han decidido enviar sus casos a la jueza Servini, quien concentrará toda la causa en Comodoro Py 2002.

El fiscal Stornelli determinó que el caso analiza acciones y conductas que podrían estar organizadas, con el objetivo de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor, generando un temor público y provocando tumultos o desórdenes.

Además, se plantea la posibilidad de un alzamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con la intención de perturbar o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes en la Cámara Alta del Congreso que estaban en sesión.

“Todo ello mediante el ejercicio de la violencia” que se tradujeron en “múltiples atentados a la autoridad piendo manos sobre la misma, en lesiones al personal preventor, en daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivos y/o incendiario”.

Los delitos imputados son “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.

“Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se orden sus prisiones preventivas”, dijo Stornelli en su dictamen ante la jueza, quien resolverá la cuestión.

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