Sigue la investigación sobre la cueva financiera que funcionaba en pleno puerto santafesino
Este lunes en los tribunales federales del sur de la ciudad, indagaron a los tres hombres acusados e investigados de ser socios de Ángel Yamil Benavidez, principal imputado en la causa por el funcionamiento de una cueva financiera en un departamento de un edificio del Puerto local, sobre el dique II.
Las tres personas indagadas son Carlos Raúl Q., Raúl Adrián M. y Juan Emilio G. Todos figuran como acusados de intermediación financiera no autorizada y socios para canalizar ingresos provenientes de actividades ilícitas.
En la audiencia indagatoria de este lunes, celebrada en el Juzgado Federal Nº2, y que contó con la presencia del juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien lleva adelante la causa, los tres hombres se declararon inocentes en la causa.
El pedido de indagatoria sostiene que los sujetos captaron “inversores” que colocaban dólares a cambio del pago de una tasa de interés. También les atribuye haber puesto en circulación activos por medio de un local comercial de Salta y San Martín de Santa Fe en donde se ofrecían préstamos destinados al público bajo la fachada de un local de venta de insumos para celulares.
La investigación
Los nuevos datos de la investigación arrojan que en el perfil fiscal de la empresa creada entre Benavidez y una de las nuevas personas investigadas, se deja en claro que en hasta marzo de 2023 no registró actividad, toda vez que las declaraciones juradas de IVA correspondientes a los meses 11/2022 a 2/2023 figuran en $0.
Luego de esa fecha, se identificó actividad comercial por montos muy bajos de débito fiscal en abril y mayo de este año ($61.679,22 y $ 92.403,28 respectivamente), “lo que permite inferir un exiguo valor de ventas”, según afirma la fiscalía. Y añade: “A ello se agrega la declaración de crédito fiscal mayor al débito, que concluye arrojando un saldo técnico a favor del contribuyente por la suma de $ 481.668,91 y un saldo de libre disponibilidad de $ 4.557,87”.
En la investigación surgió que los gastos de funcionamiento del emprendimiento incluyen, cuanto menos, el pago en concepto del alquiler relativo al inmueble ubicado en calle Salta 2.640 de esta ciudad, por la suma de $160.000 mensuales (conforme al contrato secuestrado), y el sueldo de un empleado por $127.395,59.
Bajo el nombre de la firma creada por Benavidez y uno de los nuevos imputados, se había adquirido un vehículo Ford modelo Ecosport año 2015 en diciembre de 2022, valuado según AFIP en la suma de $1.558.300. Se recalca que para esta fecha en que fue comprado el automóvil el patrimonio de la empresa sólo se encontraba integrado con el aporte social realizado al momento de su constitución, que ascendía a la suma de $1.200.000, y que no desarrollaba actividad alguna según su reflejo fiscal.
Sumado a esto, las únicas acreditaciones en cuenta que registra la empresa son durante el año 2023 por la suma de $1.287.123. De esto se vale la fiscalía para afirmar que la actividad comercial de la firma Servicios La Resistencia S. no le reportaba a Ángel Yamil Benavidez ingresos que justifiquen la adquisición de los bienes que ingresaron a su patrimonio entre los que figuran rodados.
