Coparticipación
Este martes el Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia del fallo de la Corte.
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La denuncia, junto a otras similares, quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que delegó el caso en el fiscal Ramiro González. La denuncia alcanza a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior que han sido notificados de la resolución judicial de la Corte Suprema.
La denuncia es por el delito de desobediencia de la resolución de la Corte Suprema que ordenó restituir al gobierno porteño los fondos recortados de la coparticipación. El gobierno porteño consideró que el Ministerio de Economía de la Nación recibió la notificación de la Corte Suprema, “medida que debió efectivizarse a partir del 22-12-2022“.
“No se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora“, advierte la denuncia.
El Gobierno Nacional debía depositar a favor de la administración porteña el 2,95% de la coparticipación federal, de acuerdo a la orden de la Corte dispuesta en un medida cautelar.
Este lunes, el presidente Alberto Fernández aseguró que cumplirá la resolución y dispuso el pago en bonos. A la vez, convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso prevea en una nueva ley la partida necesaria para cumplir con la decisión judicial.
El Procurador de la Ciudad señaló que los recursos de la coparticipación “son extra presupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento“.