Declararon las prestamistas de Manuel Adorni en la causa que investiga la adquisición de un inmueble
En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, dos mujeres que financiaron la compra de un departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon ante la Justicia que el funcionario aún adeuda 70.000 dólares por la operación.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes prestaron testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Ambas figuran como acreedoras de Adorni tras haberle otorgado una hipoteca “no bancaria” por un total de 100.000 dólares —85.000 y 15.000, respectivamente— destinada a la adquisición de un inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito.
La operación inmobiliaria se realizó el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, compró otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, lo que también forma parte del análisis judicial.
La declaración de otros protagonistas en el caso Adorni
En su declaración, la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las firmas de ambas operaciones, negó la existencia de préstamos de dinero en efectivo y sostuvo que las transacciones se desarrollaron dentro de un marco “normal”, sin detectar irregularidades. Según explicó, la compra se estructuró como un pago en cuotas, es decir, un financiamiento directo por parte de los vendedores y no como un préstamo externo.
Sin embargo, el fiscal Pollicita busca establecer si este esquema fue genuino o si se utilizó para encubrir el origen de los fondos. En particular, se investiga el valor declarado del departamento —230.000 dólares—, que, según sospechas de la fiscalía, podría estar por debajo de los precios de mercado.
Como parte de las medidas de prueba, la semana pasada también declaró por videoconferencia el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el propietario original del inmueble antes de venderlo a las mujeres que posteriormente concretaron la operación con Adorni.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras la fiscalía intenta determinar la legalidad de las transacciones y el origen de los fondos involucrados.
