aquellos que durante tantos años soñaron con un cambio en el sistema procesal
penal de la provincia”, dijo esta mañana el gobernador Antonio Bonfatti al
ponerse en marcha la nueva justicia penal de Santa Fe, que comenzó a regir
desde hoy en forma plena en toda la provincia.
El modelo inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente,
queda archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una
justicia lejana e inaccesible. El nuevo sistema, en cambio, es oral y público
en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de
las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil,
transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.
Al respecto, el mandatario santafesino señaló que su puesta en marcha “es un
hito fundamental“ y destacó “la confluencia del Poder Legislativo sancionando
las normas y leyes necesarias; el Poder Ejecutivo con el presupuesto y la parte
de la infraestructura y la tecnología; y obviamente el accionar del Poder
Judicial”.
“Hay un cambio de sistema -continuó- que más allá de la oralidad, transparenta
el accionar de los jueces, todos los juicios van a ser públicos” y adelantó que
“hoy se presentaron los primeros casos en Rosario”.
En cuanto a los pasos que se deben seguir, Bonfatti señaló que “ante un hecho
ocurrido y denunciado, hay un fiscal que actúa acusando y siguiendo una
investigación, con una policía a su disposición, a su vez hay un defensor junto
al imputado, y un juez que lo único que tiene que hacer es resolver. Y
obviamente una administración de la justicia de profesionales que no son
abogados, que en la Oficina de Gestión Judicial distribuyen la labor diaria de
todos los jueces en cada una de las cinco regiones”.
El Nuevo Enjuiciamiento
En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares,
convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso,
pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en
querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra
novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen
por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el
Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe,
poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución
Nacional y los tratados internacionales. “De esta manera se salda una vieja
deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió
como política de Estado para articular con el resto de los poderes”, indicó el
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
Ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de
la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la
transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la
oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser
protagonistas. “Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un
nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente
del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye
una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde
el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.
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