Se trata de los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán quienes podrían afrontar una causa penal y una investigación administrativa. Según el Ministro sería ilegal la medida solicitada.
La orden de intervenir el teléfono del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro activará una denuncia penal y una investigación administrativa para determinar si esa petición de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí fue o no legal. Para el gobierno provincial y la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las dos cuestiones son indudables: no hubo motivación para pinchar la línea de Pullaro y la acción fue ilegal, lo que incluye la aparente acción engañosa de una fiscal de esconderle al juez que solicitaba la escucha de un ministro.
La situación entraña una fuerte controversia política porque los dos fiscales que serán investigados fueron apartados de la causa en la que se investigaba al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Adrián Rodríguez, por maniobras con el pago de horas extras (Ospe). En el marco de esa causa fue que los fiscales detectaron una escucha en la que Rodríguez hablaba con Pullaro sobre el concurso de ascenso a director general de policía en la que el ministro le dice: “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”. Eso movilizó en Apullán el impulso de imputar a Pullaro por cohecho pasivo. El fiscal regional santafesino Carlos Arietti desautorizó a que tomara ese camino porque entendió que con esa frase no se podía inferir existencia de tal delito. Luego apartó a Apullán y a Martí de esa causa pero estos, según el MPA, retuvieron el expediente durante 14 días, sin ninguna justificación, cuando el fiscal Ezequiel Hernández ya había sido designado para sucederlos.
Pullaro denunció a los fiscales convencido de que actuaron ilegalmente porque él no cometió delito y que le pincharon su teléfono sin motivo. Esto implicará la apertura de un legajo penal contra Apullán y Martí que no podrá ser investigado por sus pares de la fiscalía regional de Santa Fe y que puede recaer en un fiscal de la regional de Rafaela.
Además ya hay tres acciones administrativas hacia los fiscales por parte de la auditora general de gestión del MPA María Cecilia Vrancich, que tiene que establecer primero si los admite y luego si hubo incumplimiento funcional, lo que es una falta grave que puede ser causal de sanción o de destitución. La primera la presentó el intendente de Santa Fe, José Corral, a raíz del allanamiento que Apullán ordenó a la sede municipal el 10 de octubre por supuesta malversación de fondos. Lo que Corral pide es que la auditora indique si ese operativo con dos decenas de efectivos pertrechados, realizado a pocos días de las elecciones, según subraya el intendente, era necesario, dado que podía cautelar los contenidos informáticos con un aseguramiento de pruebas sin necesidad de allanar.
La segunda acción es porque Apullán siguió impulsando una causa de la que había sido apartado el 12 de octubre por su superior Arietti, al punto de llevarle en persona, 14 días después de su corrimiento, una citación al abogado de Rodríguez para la audiencia imputativa contra el comisario, que se suspendió. En la conducción del MPA creen que no entregaron la causa para ganar tiempo a fin de acceder a las escuchas de Pullaro, que fueron ordenadas el 30 de septiembre, y que sospechan fueron filtradas por alguno de ellos.
Escuchas a Pullaro: La Asociación de Fiscales respaldó a Apullán y Martí
Fuente: La Capital/Sol 91.5
