La Cámara Alta lo aprobó por unanimidad. Se trata de un importante tratado internacional vinculante para proteger los derechos humanos y la gobernanza ambiental.
El senado de la nación dio media sanción al Acuerdo de Escazú
Por unanimidad la Cámara Alta dio media sanción a un tratado internacional para proteger los derechos humanos y la gobernanza ambiental. Ahora, si el proyecto de aprueba en Diputados, la Argentina se convertirá en el décimo país en adoptarlo y el acuerdo estará muy cerca de materializarse. El plazo para su reafirmación vence en un mes: el 26 de septiembre
Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia es necesaria la ratificación de un total de 11 países. Por el momento, solo 9 de las 22 naciones que lo firmaron.
Los país que ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Países que aún no ratificaron el acuerdo: Argentina (falta media sanción en Diputados), Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía
Países que no firmaron el acuerdo: Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
¿Qué es el acuerdo de Escazú?
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalló que es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial (firmado en septiembre de 2018) sobre derechos humanos y ambiente que establece claras garantías para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, sumamente relevante en el caso de América Latina y el Caribe que es considerada la región con mayores índices de peligrosidad para estos grupos, según afirma Global Witness (2018).
Al respecto, el director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, expresó: “Con la media sanción otorgada por el Senado, nuestro país da un paso muy grande hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que seguro animará a otros de América Latina y el Caribe a hacer lo propio. Esta es una gran oportunidad para que la Argentina lidere un proceso regional que fortalezca los derechos de las personas a mayor protección ambiental y un desarrollo más inclusivo”.
Fuente: La Nación/FARN
