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Entrevista a Rafael Cotorruelo – SOL 91.5
Justo José Ilarraz está acusado de haber cometido hechos de corrupción contra al menos 50 seminaristas de entre 12 y 14 años, entre 1984 y 1992.
En ese lapso, el sacerdote se desempeñó como prefecto del Seminario Menor de la capital entrerriana y últimamente se encontraba cumpliendo funciones sacerdotales en Morteros, provincia de Tucumán. Gracias a una investigación periodística, el caso tomó relevancia y comienza a ser investigado por la Justicia.
Las actuaciones estarán a cargo del fiscal de Cámara, Rafael Cotorruelo, quien convocará a otros fiscales de instrucción, debido a la magnitud y complejidad de los hechos denunciados.
En diálogo con Más Vale Tarde Que Nunca (SOL 91.5), Cotorruelo explicó que a partir de ahora, la dirección de la investigación judicial se orienta a tomar contacto con las víctimas y chequear lo que ha sucedido.
“El delito, por más grave o terrible que sea, no es un delito de acción pública, sino dependiente de la acción privada. Las propias víctimas deben dar el paso para que comience la investigación”.
Según el fiscal, “los únicos facultados son las víctimas, que hoy son todos mayores de edad. Podríamos actuar de oficio si las víctimas fueran menores”.
El primer paso es tomar contacto con las presuntas víctimas, pero Cotorruelo sostuvo que “esto no es sencillo para ellos. Muchos tienen familias formadas. De manera directa no hemos tenido contacto con las víctimas pero hemos recopilado muchísima información respecto del tema”.
Cabe recordar que los hechos habían sido observados por la sociedad eclesiástica hace algunos años, lo que derivó en un breve exilio de Ilarraz hacia el Vaticano, institución que inició investigaciones propias de la Iglesia. “Fue una investigación a nivel eclesiástica” explicó el fiscal Cotorruelo, informando que la indagación periodística que se llevó a cabo y puso en relieve la polémica, “ha tenido acceso a ese tipo de papeles”, con datos que recopiló la curia. “El periodista investigador ha tenido contacto con víctimas que han relatado los hechos, que no han revelado su identidad”.
Por último, Rafael Cotorruelo dejó entrever que si no se contacta a las víctimas y éstas no prestan declaración, existen plazos restrictivos y las eventuales acciones estarían prescriptas en virtud del transcurso del tiempo ocurrido desde las fechas que se invocan como presunta comisión del delito.
