Durante el año en curso se realizaron más de 100 allanamientos y se detuvieron 250 personas por delitos vinculados a esta temática.
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Entre enero y noviembre de 2018, la Agencia de Trata y Violencia de Género de la provincia recibió, en las cinco regiones santafesinas, un total de 12 mil denuncias por hechos relacionados con estas problemáticas. El trabajo de la Agencia dio como resultado que se realizarán más de 100 allanamientos y se detuvieran 250 personas en toda la provincia.
Durante 2017, la Policía de Investigaciones (PDI) fue reorganizada a nivel provincial con la unificación de todas las áreas bajo una misma conducción, con el objetivo de prevenir el delito con una mirada integral sobre el mismo. En ese marco, la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, a cargo de la directora general Marcela Romagnoli, también unificó el equipo para trabajar sobre delitos relacionados con la trata de personas y la violencia de género.
A partir de ese momento, cambió la modalidad de trabajo de la Comisaría de la Mujer, las 29 áreas de género provinciales y las comisarías dependientes de las 19 Unidades Regionales.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Según la Ley 26.485, la violencia de género incluye cualquier acto violento o agresión ejercida por un hombre a una mujer, en un entorno de desigualdad y dominación que puede provocar daño a la integridad física, sexual o psicológica, ya sea en un ámbito público o privado. Existen cinco tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica-patrimonial y simbólica.
La Regional I, que incluye a los departamentos La Capital, Garay, San Justo, Las Colonias, San Jerónimo y San Martín, ostenta el mayor índice de hechos de violencia y denuncias sobre los delitos más comunes, como las agresiones físicas, amenazas, violación ilegítima de la libertad, coacciones, agresiones sexuales, etc.
DÓNDE DENUNCIAR
Como primera instancia, se puede llamar a la Central de Emergencias 911, o acercarse a la comisaría más cercana por jurisdicción, al Área de Género de cada localidad, a la Comisaría de la Mujer o al Centro Territorial de Denuncias. Estos organismos trabajan directamente con la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual y permiten una mayor efectividad para la resolución del caso.
Los policías, como funcionarios públicos, tienen la obligación de actuar ante cualquier caso de violencia o abuso. Asimismo, los funcionarios policiales deben explicarle a la víctima cuáles son sus derechos y en qué consiste la instancia penal a fin de proseguir con la denuncia y detener al acusado, además de derivarla a la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género para profundizar en el caso y presentar todas las pruebas necesarias.
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TRABAJO INTERDISCIPLINARIO
A fin de resguardar a la víctima, la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género trabaja en conjunto con otros organismos estatales como la Policía de Investigaciones; el Departamento de Inteligencia; la Brigada Antinarcóticos; la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual; el Juzgado de Familia y de Menores; y la subsecretaría de la Niñez; como así también con médicos, psicólogos e instituciones que trabajan esta temática.
Hoy existen muchos recursos para un mejor abordaje de los casos de violencia de género o de abuso y se pueden tomar medidas preventivas o urgentes para evitar que la situación empeore. Entre ellas se destacan:
- Prohibición de acercamiento al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento
- Cese de los actos de perturbación o intimidación.
- Restitución inmediata de los efectos personales, en caso de ser privada de los mismos
- Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión.
- Brindar asistencia médica o psicológica a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
- Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer.
- Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
