El proyecto sancionado crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos por el que se garantiza el patrocinio jurídico gratuito y les otorga a las víctimas una mayor participación en el proceso judicial.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección a las víctimas de delitos, que fue impulsado por el Frente Renovador, y que había sido modificado en el Senado a fines de mayo, por lo que la propuesta tuvo que volver a ser aprobada por la Cámara Baja.
Por unanimidad, 219 diputados votaron a favor del proyecto de ley, y la sanción fue celebrada por distintos grupos de víctimas y familiares de víctimas que presenciaron la votación. La nueva ley sobre protección de los derechos y garantías les asegura la representación jurídica a las víctimas de delitos y crea la figura del defensor público de la víctima.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 31 de mayo luego de un debate que duró varios meses. En la Cámara Alta, fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la había votado en octubre de 2016.
El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.
La principal modificación que fue introducida por el Senado a la iniciativa aprobada en Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total. Además, habrá 123 prosecretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.
La propuesta también plantea otorgarles a las víctimas de delitos el derecho a participar de las declaraciones de testigos (a través de sus abogados); que las víctimas reciban asesoramiento y contención durante el proceso y la ejecución de la pena; habilita a quienes sufrieron un delito a constituirse como querellantes y a ser notificadas sobre las resoluciones tomadas durante el proceso judicial.
Fuente: Infobae
