Luego del intento de desalojo que se produjo en Gral Paz al 8300, los vecinos emitieron un comunicado en repudio a lo intentado por el gobierno Municipal. Mirá el comunicado y escucha a Liliana Berraz, titular de Manzana Solidaria.

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Liliana Berraz – SOL 91.5

Las/os vecinos/as de los barrios del Noreste de la ciudad de Santa Fe (Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz frente al Gada), conjuntamente con organizaciones sociales, repudiamos y denunciamos nuevamente el accionar intimidatorio, amenazante y violatorio de los derechos de vecinas/os por parte de funcionarios de la Municipalidad.

Coherentes con la práctica expulsora que la gestión municipal ha tenido en todos estos años respecto de los barrios más pobres de nuestra ciudad, sobre todo de aquellos que resisten en sus territorios, informamos que el día 27 de enero funcionarios municipales bajo las ordenes del coordinador del PUI NE Jorge Ricco, personal de la GSI, empleados municipales y personal policial se hicieron presentes en tres oportunidades en el domicilio de M.F y R.L de General Paz al 8300, con el objetivo de demoler la ampliación de vivienda que están construyendo en el terreno familiar junto a un grupo de voluntarios, dado lo insuficiente que resulta la casa materna/familiar donde comparten espacio con sus tres hijos menores.

Los argumentos esgrimidos para ello fueron diversos y, obviamente, ninguno de ellos cuenta con el más mínimo amparo legal. Pretender derrumbar la ampliación de una vivienda exhibiendo –a solicitud de lxs propios vecinos y vecinas- una mera orden de carácter administrativo no sólo es un atropello sino una profunda violación a los derechos más elementales que asisten a cualquier ciudadano como la inviolabilidad de su vivienda y propiedad, su derecho de defensa, entre otros.

Ante la resistencia de las vecinas defendiendo sus derechos humanos elementales, en la última de estas visitas se hicieron presentes además el Fiscal Regional Ricardo Fessia, la directora de la Agencia de Hábitat municipal Sara Lauría, el Subdirector de R. dominial Eduardo Rudi, el director de la GSI Sebastián Montenotte y Mario Martinez, todos ellos acompañados de agentes de la Policía de la Provincia, una asistente social y una gran cantidad de empleados municipales a la espera de una orden de demolición. Cabe preguntarse qué hace el Fiscal Regional, quien debería velar por la vigencia de la ley y los derechos, legitimando con su presencia un operativo ilegal que procura desalojar a una familia sin exteriorizar orden judicial alguna.

En virtud de los irrefutables argumentos esgrimidos por las vecinas y las organizaciones en defensa de sus derechos, esta última comitiva debió también retirarse sin concretar la demolición

El Noreste, bordeando la laguna Setúbal, es un espacio de la ciudad cuya riqueza natural y paisajística atrae desde hace años intereses inmobiliarios millonarios. La actual gestión municipal, con el apoyo de algunos organismos provinciales y el silencio cómplice de otros (la presencia de la Policía y de un funcionario de alta jerarquía del Ministerio Público de la Acusación dan muestra de ello), ha decidido tutelar firmemente esos intereses empresarios, por encima de los derechos fundamentales de los vecinas y vecinos que por décadas han residido en el lugar. Ello se ha traducido en una política sistemática de exclusión y expulsión de los sectores populares.

La crónica de hechos que denunciamos está lejos de ser un accionar aislado. Por el contrario, se inscribe en un proceso de resistencia contra los innumerables intentos de desalojo, amenazas, procesos penales con vicios de nulidad, intimidaciones, e incluso veinticinco concretadas demoliciones y “relocalizaciones” de vecinos a barrios con viviendas que distan de ser dignas (recordar el proceso de Los Quinchitos), que dejan sin consideración el derecho de las familias a habitar los territorios que son constitutivos de sus identidades.

En este sentido, es importante recordar que vecinos y organizaciones presentaron al Concejo municipal el 16 de junio del 2014 un proyecto de ordenanza como iniciativa popular que contempla la participación de las/los vecinas/os de los tres barrios en las decisiones que tengan que ver con su hábitat. Junto a la ordenanza se presentó un Ante-Proyecto de urbanización, cuyo título sintetiza sus fundamentos: “La Lucha por el Derecho a la Radicación desde los Procesos de Producción Social del Hábitat” (Expediente CO- 0062-01094105-2)

Por todo lo dicho y dado el reincidente y grave accionar mancomunado de las fuerzas nombradas en los barrios humildes del NE (Playa Norte, Bajo Judiciales y Gral. Paz) , avasallando derechos de la más alta jerarquía, solicitamos a las autoridades políticas responsables las necesarias explicaciones que nos deben como ciudadanos a quienes deberían representar .

Al Intendente Sr. José Manuel Corral – Gobierno de la Ciudad de Santa Fe

• Cuál es el marco legal que avala intervenir con personal y máquinas municipales en terrenos privados, amenazando y destruyendo viviendas de vecinos que hace décadas habitan el lugar.

• Cuál es el funcionario político que a sabiendas de la grave transgresión ya denunciada por el INADI en representación de organizaciones y vecinos damnificados de toda la ciudad de Santa Fe, envía a la GSI, en calidad de “grupo de choque”, contra familias y en este caso tres mujeres solas.

Al Poder Judicial

• Por qué se encuentra paralizada la denuncia penal realizada contra el jefe de la GSI, Sr. Montenotte, por acciones similares en Playa Norte y Bajo Judiciales , permitiendo que el mismo siga actuando con total impunidad.

Por qué interviene la fiscalía penal en una situación de los derechos posesorios históricos de una familia , criminalizando lo que es un tema de protección de derechos sociales
Al Gobierno de la Provincia de Santa Fe

• Por qué la fuerza policial acompaña estas acciones ilegales de la Municipalidad, cuando su función es justamente la contraria: proteger a los ciudadanos frente a hechos que vulneren sus derechos.

Firman: Vecinos del NE, Tramas – Derecho en movimiento, Canoa Hábitat Popular, Manzanas Solidarias, Moi, Voluntarismo Verde